La Corte Constitucional de Colombia ha emitido una sentencia que ordena al Consejo Superior de la Judicatura crear una guía o manual sobre el uso de la inteligencia artificial generativa (IA) en los juicios. Esta decisión se basa en la sentencia T-323 de 2024, que se refiere al uso de la IA por parte de los jueces en la resolución de casos.

El caso en cuestión:
El caso involucra a una mujer que demandó a su seguro de salud para ser eximida de pagar copagos por los tratamientos de su hijo con autismo. El juzgado municipal admitió la acción y el juzgado del circuito confirmó la sentencia. En la resolución de segunda instancia, el magistrado utilizó la IA generativa, específicamente el sistema de ChatGPT, para ampliar los argumentos de su decisión.

La sentencia:
La sentencia consideró relevante revisar una posible vulneración al derecho fundamental al debido proceso debido al proceso en la emisión de la decisión. Se cuestionó si la IA generativa reemplazó al juez y si la decisión fue debidamente motivada. La sentencia concluyó que no existió un reemplazo del ejercicio de la función jurisdiccional por parte de la IA, ya que el sistema se utilizó después de que el juez hubiera fundamentado y tomado la decisión.

La guía:
La sentencia ordena al Consejo Superior de la Judicatura crear una guía o manual sobre el uso de la IA generativa en la Rama Judicial, especialmente en cuanto al uso de la herramienta ChatGPT. La guía debe ser acorde con los aspectos establecidos en la sentencia y debe incluir principios de transparencia, responsabilidad, privacidad, no sustitución de la racionalidad humana, seriedad y verificación, prevención de riesgos, igualdad y equidad, control humano, regulación ética, adecuación a buenas prácticas y estándares colectivos, seguimiento continuo y adaptación e idoneidad.

Podemos concluir que la sentencia es un paso importante hacia la implementación de la IA generativa en la justicia colombiana. Sin embargo, es fundamental que se cumplan los principios de transparencia, responsabilidad y privacidad para garantizar los derechos fundamentales de las partes involucradas.