En resumen
- El 18 de noviembre de 2026, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por seis votos contra tres reasumir su competencia en el caso Telcel.
- El expediente vuelve al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
- La multa de 90.659.701,72 pesos fue impuesta por el IFT en 2024 por una práctica monopólica relativa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió el 18 de noviembre de 2026 no asumir el litigio sobre la multa que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impuso a Telcel en 2024. Aunque la decisión es procesal, mantiene abierta una de las sanciones de competencia más relevantes del sector en México.
Qué decidió la Corte
Según La Jornada, el pleno rechazó por seis votos contra tres la propuesta del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz de reasumir la competencia. Le acompañaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama. Como informa Xataka México, la solicitud figuraba como reasunción de competencia 180/2026.
El expediente regresa al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en Ciudad de México. Ese órgano deberá resolver el amparo en revisión 268/2025, contra la sentencia de un juzgado federal que negó el amparo a Telcel.
El origen de la sanción
El caso nació de una denuncia de AT&T presentada el 21 de diciembre de 2020. El IFT abrió la investigación el 26 de enero de 2021 y examinó la relación entre Telcel y Grupo Bodesa. Según la resolución, los descuentos e incentivos al distribuidor se condicionaban a dejar de vender paquetes con SIM y recargas de operadores rivales.
El pleno del IFT aprobó por unanimidad la sanción el 4 de septiembre de 2024, y la comunicó el 11 de septiembre. Fijó una multa de 90.659.701,72 pesos a Radiomóvil Dipsa (Telcel) y ordenó suprimir la práctica monopólica relativa. América Móvil negó la conducta y anunció que usaría los medios de defensa disponibles.
Lo que queda por resolver
Según La Jornada, Telcel cuestiona si los artículos 55 y 80 de la Ley Federal de Competencia Económica garantizan el derecho de defensa y el debido proceso. Esa cuestión de constitucionalidad es la que examinará ahora el tribunal especializado. La multa sigue siendo objeto de litigio y no hay sentencia firme sobre el fondo.
La mirada de CEA Digital Law
Desde el Comité Euro Americano de Derecho Digital - CEA Digital Law, vemos en este asunto tres enseñanzas, sin prejuzgar el resultado.
Primera, el valor de contar con tribunales especializados. Remitir el amparo a un órgano con experiencia en competencia y telecomunicaciones favorece decisiones técnicamente sólidas y coherentes, algo útil también para otros países de ALC y de África que aún construyen esa especialización judicial.
Segunda, las cláusulas de exclusividad en la distribución son un tema común a las autoridades de competencia de Europa y de la región. La experiencia europea sobre incentivos condicionados muestra la importancia de definir con claridad el mercado relevante y de acreditar los efectos sobre los rivales, y el caso mexicano distingue ya entre el ámbito regional de los equipos con SIM y el nacional de las recargas.
Tercera, la garantía del debido proceso en los procedimientos sancionadores de los reguladores es clave para la seguridad jurídica. Una respuesta clara del tribunal sobre los artículos impugnados sería una referencia valiosa para operadores, reguladores y consumidores. Seguiremos el asunto con interés.
Fuentes
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