En resumen
- El 12 de noviembre de 2026, la Abogada General Juliane Kokott presentó sus conclusiones en el asunto C-826/24 P, Commission v Google and Alphabet (Google AdSense).
- Propone anular la sentencia del Tribunal General de 18 de septiembre 2024, que dejó sin efecto la multa de casi 1.500 millones de euros, y devolver el asunto para un nuevo examen.
- Las conclusiones no vinculan al Tribunal de Justicia, que dictará sentencia más adelante.
La Abogada General Juliane Kokott ha propuesto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anule la sentencia que dejó sin efecto la multa de casi 1.500 millones de euros impuesta a Google por sus contratos de AdSense. Sus conclusiones en el asunto C-826/24 P, presentadas el 12 de noviembre de 2026, afectan a la forma de probar los efectos de exclusión en el artículo 102 TFUE.
Qué se discute
AdSense for Search permitía a sitios web con buscador integrado mostrar anuncios de búsqueda de Google y recibir parte de los ingresos. Para ello se negociaban «Google Services Agreements». Desde marzo de 2009, las plantillas incluían cláusulas que restringían o prohibían mostrar anuncios de servicios competidores: una de exclusividad, una de ubicación y una de autorización previa.
En marzo de 2019, la Comisión Europea concluyó que, entre 2006 y 2016, esas cláusulas constituyeron una infracción única y continuada del artículo 102 TFUE, y multó a Google, en parte solidariamente con Alphabet. El Tribunal General, en su sentencia de 18 de septiembre de 2024 (T-334/19), anuló la decisión por un examen insuficiente de las circunstancias, en particular la duración de la relación contractual. La Comisión recurrió en casación.
El razonamiento de la Abogada General
Kokott recuerda los criterios fijados en la sentencia Intel (C-413/14 P) para valorar efectos de exclusión derivados de compromisos contractuales de una empresa dominante, entre ellos la duración. A su juicio, el Tribunal General exigió un análisis excesivamente detallado de cada criterio por separado, hasta el punto de que una carencia en uno de ellos bastaba para anular la decisión. Considera que debió valorarse el conjunto de criterios.
También estima errónea la exigencia de examinar uno a uno todos los contratos. En principio basta considerar de forma acumulada los contratos relevantes para el funcionamiento de la competencia en el mercado y sus duraciones, y acreditar que, por su contenido y aplicación, podían producir esos efectos en conjunto. Entiende que la Comisión lo hizo, incluso apoyándose en valores medios. Y, al errar sobre los efectos, el Tribunal General erró también al negar la infracción única y continuada.
Siguientes pasos
Propone devolver el asunto al Tribunal General, que aún debe examinar motivos de Google, entre ellos los relativos al importe de la multa. Además, la multa debería reducirse en todo caso: la Comisión no recurrió las conclusiones sobre 2016, que son firmes. Las conclusiones no vinculan al Tribunal de Justicia, cuyos jueces inician ahora su deliberación.
La mirada de CEA Digital Law
Si el Tribunal de Justicia sigue esta línea, reforzaría una idea de seguridad jurídica útil: la carga de la prueba en abusos contractuales se cumple con una valoración global y coherente, no con una acumulación de análisis parciales. Esto importaría para la publicidad digital y para otros mercados donde los contratos tipo se aplican a gran escala, y también para las autoridades de competencia de América Latina y el Caribe y de África, que a menudo se inspiran en la doctrina europea y cuentan con recursos limitados.
Al mismo tiempo, conviene un equilibrio: un estándar probatorio flexible exige motivaciones claras que permitan el control judicial efectivo y protejan el derecho de defensa. Quedan abiertas dos cuestiones: cómo ponderará el Tribunal de Justicia la duración frente a los demás criterios, y cómo se calculará la multa tras la nueva revisión. Seguiremos con atención la sentencia.
Fuentes
CEA Digital Law
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