En resumen
- La formación restringida de la CNIL adoptó el 12 de noviembre de 2026 la deliberación SAN-2026-016, publicada en Légifrance el 18 de noviembre, con una multa de 5 millones de euros.
- Se sancionan infracciones de los artículos 32 y 5.1.e) del RGPD: contraseñas en claro, cuentas compartidas y conservación excesiva.
- La decisión es recurrible ante el Conseil d'État y la CNIL optó por no nombrar a la sociedad.
La autoridad francesa de protección de datos, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), ha impuesto una multa de 5 millones de euros a una aseguradora de vida por no proteger adecuadamente los datos de sus clientes. La deliberación SAN-2026-016, de 12 de noviembre de 2026, se publicó en Légifrance el 18 de noviembre y es un recordatorio nítido de que las medidas de seguridad básicas siguen siendo exigibles y sancionables.
Qué ocurrió
La CNIL recibió una alerta el 27 de diciembre de 2023 sobre la forma de guardar las contraseñas y los datos del espacio personal de los clientes. Realizó un control in situ el 14 de mayo de 2024. La formación restringida constató que cerca de 1,8 millones de contraseñas de acceso estaban almacenadas en claro, sin ninguna función de hash, y que 730.289 de ellas figuraban además en claro en una tabla de registro de conexiones. Tras el control, la empresa aplicó primero una función de hash obsoleta y sin sal; solo el 25 de abril de 2026 adoptó una solución conforme al estado de la técnica (Argon2 con sal).
La deliberación señala también que el acceso a la base de datos de unos 1,3 millones de clientes con contrato de seguro de vida vigente se hacía con una cuenta genérica compartida por ocho personas, y que la contraseña de un administrador de la herramienta de visualización se compartía igualmente. Sin cuentas individuales no hay trazabilidad ni gestión efectiva de habilitaciones.
Conservación excesiva y cálculo de la multa
En cuanto a la conservación (artículo 5.1.e) del RGPD), la CNIL halló mensajes del formulario de contacto, con documentos adjuntos y datos bancarios, guardados desde noviembre de 2010 en base activa. En el registro de conexiones aparecían credenciales de hasta 21 años de antigüedad, aunque la política interna fijaba un año, y contraseñas de 8.628 clientes conservadas desde julio de 2019.
Conviene precisar lo que la CNIL no retuvo: el ponente abandonó los reproches sobre datos de salud y sobre la robustez de las contraseñas de los clientes. Tampoco se acreditó un incidente de seguridad; la autoridad subraya que la vulnerabilidad existe aunque nadie la haya explotado.
El ponente propuso inicialmente 9 millones de euros y después 7. La formación restringida fijó 5 millones, calculados sobre el volumen de negocio del grupo como «empresa» en el sentido del derecho de la competencia (considerando 150 del RGPD y jurisprudencia del TJUE), usando las primas brutas emitidas como referencia en el sector asegurador. No impuso requerimiento de adecuación, al haberse corregido todo durante el procedimiento, pero consideró que las infracciones subsisten «para el pasado». Ordenó publicar la decisión sin nombrar a la sociedad. Cabe recurso ante el Conseil d’État en dos meses desde la notificación.
La mirada de CEA Digital Law
El texto ofrece enseñanzas útiles para el Comité Euro Americano de Derecho Digital - CEA Digital Law y para sus lectores en Europa, América Latina y el Caribe y África:
- La seguridad elemental es un estándar medible. La CNIL se apoya en guías públicas (ANSSI, su propia recomendación de 2022) para definir lo «adecuado» del artículo 32. Las autoridades de otros países pueden hacer lo mismo con guías técnicas claras, que también orientan a los responsables.
- Corregir a tiempo atenúa, pero no borra. La rapidez de la empresa evitó el requerimiento, no la multa. Conviene documentar cada medida correctora con fechas y pruebas.
- Una política de conservación solo vale si se ejecuta. Definir plazos no basta: hay que purgar de verdad, incluidos los registros técnicos, donde suelen esconderse credenciales y datos.
- Cuentas nominativas y revisión de accesos deberían figurar en toda lista de verificación, especialmente en seguros, banca y salud.
- Cuestión abierta: el uso del grupo como base de cálculo seguirá debatiéndose ante la jurisdicción administrativa; interesa a quienes aplican regímenes inspirados en el RGPD, con sanciones basadas en facturación.
Nuestra recomendación práctica para aseguradoras y otros responsables: auditar el almacenamiento de contraseñas, eliminar las credenciales de los logs, sustituir cuentas compartidas y comprobar que las purgas funcionan, antes de que lo haga una inspección.
Fuentes
CEA Digital Law
Boletín
Eventos, noticias y análisis sobre derecho digital, en tu correo. Solo cuando hay algo que contar.




