En resumen
- El 17 de noviembre de 2026, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo requirió a Interior que certifique en dos días si los 61.603 dispositivos alquilados superaron los controles de seguridad.
- La base normativa es el artículo 22 del Real Decreto 311/2022, que regula el Esquema Nacional de Seguridad.
- El Supremo aún no ha resuelto sobre el recurso de Iustitia Europa; la providencia es un paso previo.
El Tribunal Supremo ha pedido al Ministerio del Interior que acredite, en dos días, que los dispositivos destinados a verificar el DNI digital en las mesas electorales han pasado los controles de seguridad exigidos. Importa porque afecta a la identificación de votantes en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, a doce días de la cita.
Qué ha decidido el Tribunal
Según El Debate, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó el 17 de noviembre una providencia que requiere a la directora general de Política Interior para que certifique, bajo su responsabilidad, si los 61.603 terminales contratados han sido sometidos a los controles previstos en el artículo 22 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, que regula el Esquema Nacional de Seguridad. El plazo es de dos días desde la notificación.
Como recoge Infobae, el Tribunal adopta esta medida antes de resolver sobre el recurso del partido Iustitia Europa, que busca levantar la suspensión del portal MiDNI. La pregunta concreta es si, después de firmarse el contrato de alquiler, se realizaron esas verificaciones. Confilegal señala que la decisión sobre las medidas solicitadas sigue pendiente.
La distinción técnica de fondo
Según Diario de León, la cuestión se centra en que la seguridad de la aplicación MiDNI no equivale a la de los dispositivos que leen los códigos QR que genera. Las dudas planteadas se refieren a estos últimos. Es un recordatorio útil: una identidad digital segura depende de toda la cadena, también del lector en el punto de uso.
La mirada de CEA Digital Law
Esta opinión de la entidad, el Comité Euro Americano de Derecho Digital - CEA Digital Law, se limita a los hechos conocidos y no prejuzga el resultado del procedimiento, que sigue abierto.
Primero, el caso muestra que el Esquema Nacional de Seguridad no es un trámite interno: sus controles pueden ser exigibles ante un tribunal cuando hay derechos fundamentales en juego, como el voto. Segundo, conviene que las administraciones documenten la evaluación de seguridad de cada componente de un sistema de identidad digital antes del despliegue, y que esa documentación sea accesible y verificable. Así se reduce la incertidumbre jurídica cerca de una fecha electoral.
Para Europa, donde avanza la cartera europea de identidad digital, y para América Latina y el Caribe, donde varios países amplían documentos de identidad en el móvil, la lección es práctica: planificar la certificación de los dispositivos de verificación como parte del diseño, con calendario holgado y con garantías de respaldo para quien no pueda o no quiera usar el formato digital. Queda abierta la cuestión de qué alcance tendrá el control judicial sobre contratos tecnológicos urgentes y qué estándares de prueba bastarán.
Fuentes
CEA Digital Law
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