España sin ley de IA: quién puede sancionar el incumplimiento del RIA

España sin ley de IA: quién puede sancionar el incumplimiento del RIA

En resumen

  • El Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial ha caducado tras la disolución de las Cortes Generales acordada el 5 de octubre de 2026.
  • El Reglamento (UE) 2024/1689 sigue siendo aplicable, pero el análisis jurídico publicado por Economist & Jurist sostiene que la AESIA carece hoy de potestad sancionadora válida para el RIA.
  • La Comisión Europea y la AEPD sí conservan sus competencias sancionadoras en sus ámbitos.

El Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial ha caducado tras la disolución de las Cortes Generales acordada el 5 de octubre de 2026. Así lo recoge un análisis publicado el 17 de noviembre en Economist & Jurist, y plantea una pregunta práctica: quién puede multar hoy en España por incumplir el Reglamento europeo de IA.

Lo que sigue vigente

La caducidad del proyecto no afecta al Reglamento (UE) 2024/1689 (RIA). Las prácticas prohibidas del artículo 5 y las obligaciones de alfabetización se aplican desde el 2 de febrero de 2025. Las obligaciones de transparencia del artículo 50, entre otras, desde el 2 de agosto de 2026. El artículo 99, sobre sanciones nacionales, es aplicable desde el 2 de agosto de 2025, fecha en la que los Estados miembros debían comunicar su régimen a la Comisión. España no ha aprobado ese régimen.

Quién sanciona y quién no

La Comisión Europea, a través de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, supervisa a los proveedores de modelos de IA de uso general y puede imponerles multas de hasta 15 millones de euros o el 3 % del volumen de negocios mundial. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y las autoridades autonómicas pueden sancionar cuando el uso de IA vulnere el RGPD, por ejemplo por tratar datos sin base legitimadora o por decisiones automatizadas contrarias a su artículo 22. Conviene distinguir entre sancionar una infracción del RIA y sancionar una conducta ilícita cometida con IA.

El caso de la AESIA

La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) fue autorizada por la Ley 28/2022, y su Estatuto consta en el Real Decreto 729/2023. El autor del análisis, Samuel Parra Sáez, sostiene que su Estatuto remite a un régimen sancionador que no contiene y que, por rango normativo, no podría contener. A su juicio, ni el RIA ni la Ley 28/2022 completan esa atribución, de modo que la AESIA no podría hoy imponer válidamente multas por infracciones del RIA. Añade que el listado de autoridades de la Comisión Europea, actualizado el 7 de septiembre de 2026, identifica a la AESIA como punto de contacto, con la designación nacional pendiente.

Según ese razonamiento, un chatbot que oculte su naturaleza artificial podría incumplir el artículo 50 sin que ninguna autoridad española pudiera multarlo con base en el RIA, salvo que el artículo 75 atribuya la competencia a la Oficina Europea de IA. Sí podría haber sanción si la conducta infringe otra norma, como el RGPD.

La mirada de CEA Digital Law

Desde el Comité Euro Americano de Derecho Digital - CEA Digital Law, subrayamos tres ideas. Primera: un vacío sancionador no es una moratoria. Las empresas deberían inventariar sus sistemas de IA, clasificarlos y documentar el cumplimiento, porque la designación de autoridad puede llegar y porque otras vías (protección de datos, consumo, sectoriales) siguen abiertas.

Segunda: la situación ilustra una lección útil para otros países, también en América Latina y el Caribe y en África, que diseñan marcos de IA. Una norma que remite a las autoridades nacionales exige atribuir competencias con rango de ley, clasificar infracciones y prever la continuidad ante cambios institucionales. Una disposición breve y separada de designación de autoridades podría haber evitado depender de una ley más amplia.

Tercera: queda abierta la cuestión de cómo se resolverá el vacío, ya sea mediante una nueva iniciativa o una norma de urgencia, y cómo coordinar a la AESIA con la AEPD y los reguladores sectoriales. Se trata de una interpretación doctrinal, no de una doctrina consolidada, y los tribunales tendrán la última palabra.

Fuentes

CEA Digital Law

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