En resumen
- El 19 de noviembre de 2026, la Abogada General Laila Medina presentó sus conclusiones en el asunto C-643/25 ante el Tribunal de Justicia de la UE.
- Propone que facilitar datos personales y consentir su uso comercial sea una forma de pago según la Directiva 2005/29/CE, de modo que el servicio no puede presentarse como «gratuito».
- Las conclusiones no vinculan al Tribunal, que dictará sentencia más adelante.
La Abogada General Laila Medina ha propuesto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que un servicio no pueda anunciarse como «gratuito» cuando el usuario paga con sus datos. Las conclusiones en el asunto C-643/25, presentadas el 19 de noviembre de 2026, afectan de lleno a los modelos de negocio financiados con publicidad personalizada.
El origen del caso
En febrero de 2015, la página de registro de Facebook, operada en la Unión por Meta Platforms Ireland, afirmaba que la red «es y seguirá siendo gratis». La Verbraucherzentrale Bundesverband (federación alemana de organizaciones de consumidores) impugnó esa frase: sostiene que los usuarios entregan sus datos y consienten su uso comercial a cambio del acceso. Los tribunales alemanes rechazaron la demanda, al entender que la prohibición solo opera cuando el consumidor soporta costes económicos. El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal alemán) planteó entonces una cuestión prejudicial.
Qué propone la Abogada General
Medina plantea que la cesión de datos personales y el consentimiento a su explotación comercial constituyan una forma de pago a efectos de la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales. Por tanto, no podría llamarse gratuito un servicio que exige esos datos, salvo que se traten exclusivamente para prestarlo o cumplir obligaciones legales.
Sus razones principales:
- La directiva no limita el pago al dinero; el Tribunal ya ha admitido contraprestaciones de otro tipo si tienen valor económico y un vínculo claro con la práctica.
- Los datos y el consentimiento tienen valor económico para el operador, porque generan ingresos publicitarios que financian el servicio.
- La Directiva (UE) 2019/770 y la Directiva 2011/83/UE ya reconocen servicios digitales a cambio de datos. Sería incoherente aceptarlo ahí y permitir presentarlos como gratuitos aquí.
- Limitar el pago al dinero debilitaría la protección del consumidor, que a menudo ignora el valor de sus datos.
Los argumentos de Meta, rechazados
Según la Abogada General, la lista de prácticas prohibidas en toda circunstancia solo puede modificarla el legislador, pero eso no obliga a interpretar sus términos de forma estricta. Considera además que el RGPD no excluye la directiva: el primero regula el tratamiento lícito y transparente de datos, la segunda la exactitud de las afirmaciones comerciales, y ambos se aplican a la vez. Tampoco ve una restricción a la libertad de empresa, pues las empresas pueden seguir ofreciendo servicios a cambio de datos, sin llamarlos gratuitos. En estas prácticas no hace falta probar que el consumidor medio fue inducido a error.
Las conclusiones no vinculan al Tribunal, cuyos jueces inician ahora la deliberación. La sentencia llegará más adelante.
La mirada de CEA Digital Law
Desde el Comité Euro Americano de Derecho Digital - CEA Digital Law valoramos que la propuesta aporte coherencia entre el derecho de consumo y la protección de datos. Si el Tribunal la sigue, la transparencia sobre «cuánto cuesta» un servicio dejará de depender de si hay precio en euros.
En la práctica, las plataformas tendrían que revisar sus mensajes de captación y valorar fórmulas más precisas, como informar de que el servicio se financia con datos y publicidad. Para América Latina y el Caribe, donde muchos países debaten o aplican leyes de datos y de consumo, el caso ofrece una pauta útil: combinar ambos marcos sin que uno anule al otro. En África, donde la economía digital crece con rapidez y se consolidan marcos de protección de datos, la cuestión de la contraprestación en datos tendrá igual relevancia.
Quedan preguntas abiertas: cómo se aplicará la excepción del tratamiento estrictamente necesario, y cómo se traducirá esta lógica a otros servicios «gratuitos» como aplicaciones o buscadores. Será clave seguir la sentencia y proponer guías de buenas prácticas de información al usuario.
Fuentes
CEA Digital Law
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