En resumen
- Un tribunal provincial argentino hizo lugar a la demanda de una empresa y reconoció su derecho al reintegro de 83 millones de pesos por operaciones no autorizadas.
- El fallo considera el home banking una actividad riesgosa y aplica un factor de atribución objetivo al banco, pese a que se usaron credenciales válidas.
- Pesó que la entidad admitió no aplicar controles adicionales, como la identificación biométrica.
Un tribunal provincial de Argentina ha estimado la demanda de una empresa contra su banco por operaciones electrónicas que ella no autorizó, según informó El Ciudadano el 9 de noviembre de 2026. Importa porque refuerza una línea que desplaza el riesgo del fraude digital hacia quien administra la plataforma y se beneficia de ella.
Qué reclamaba la empresa
La firma pidió la restitución de 83 millones de pesos, con intereses y costas. Denunció el rescate de un fondo común de inversión y varias transferencias que, según su planteo, no contaban con firma digital válida. El caso se difundió a partir de lo publicado por Versión Rosario, que recogió la versión del abogado de la actora.
La defensa del banco y la respuesta del tribunal
La entidad sostuvo que las operaciones se hicieron con el usuario y la contraseña del cliente y que se confirmaron con la tarjeta de coordenadas. El tribunal no consideró suficiente ese argumento. Recordó que la jurisprudencia califica las operaciones de home banking como actividad riesgosa, lo que implica un factor de atribución objetivo para la entidad que gestiona el sistema y obtiene beneficios de él.
La sentencia añade que las plataformas digitales abren vías de vulneración de la seguridad del usuario que la atención presencial no conocía. También subraya que el banco admitió no haber aplicado medidas adicionales, como pruebas de identificación positiva con datos biométricos o contraste con el Sistema de Identificación Digital, ni para dar de alta nuevos destinatarios ni para operar con destinatarios nuevos. De ahí que el fallo hable de una responsabilidad objetiva agravada.
Qué significa en la práctica
La clave no es solo quién tenía las credenciales, sino si el sistema del banco era razonablemente seguro frente a patrones atípicos. Acreditar que se usó la clave correcta ya no basta como prueba de autoría del cliente. Para las empresas, el caso muestra que reclamar es viable también cuando no son consumidores en sentido estricto. Conviene tener presente que la información disponible procede de la prensa y no detalla el tribunal ni la fecha de la resolución, por lo que habrá que seguir su firmeza y posibles recursos.
La mirada de CEA Digital Law
Desde el Comité Euro Americano de Derecho Digital - CEA Digital Law valoramos que la discusión se centre en la seguridad del sistema y no en la diligencia individual del usuario. Es una orientación cercana a la de la normativa europea de servicios de pago, que sitúa en el proveedor la carga de demostrar la correcta autenticación de las operaciones. En América Latina y el Caribe, y también en los mercados bancarios africanos en rápida digitalización, convendría converger en estándares mínimos: autenticación reforzada, alertas por operaciones inusuales y controles al alta de nuevos beneficiarios.
Proponemos que reguladores y entidades definan esos estándares de forma previa y clara. Aportarían certeza a los bancos, que sabrían qué se espera de ellos, y protección a clientes y empresas. Queda abierta la cuestión de cómo se reparte el riesgo cuando el cliente ha sido víctima de ingeniería social y entrega él mismo sus datos.
Fuentes
CEA Digital Law
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