Colombia: el Tribunal respalda a la SIC frente a Google en datos personales

Colombia: el Tribunal respalda a la SIC frente a Google en datos personales

En resumen

  • El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la Sentencia 286 del 5 de noviembre de 2026, negó en primera instancia la demanda de Google LLC contra órdenes de la SIC de 2020 y 2021.
  • Según la información publicada, las empresas extranjeras deben cumplir la ley colombiana cuando recolectan datos de usuarios ubicados en Colombia, aunque estén domiciliadas fuera.
  • La decisión es de primera instancia: conviene seguir su evolución y las lecciones para otras jurisdicciones.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha respaldado a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en su pulso con Google LLC por el tratamiento de datos personales. Importa porque aborda una cuestión de fondo para toda la región: si las plataformas globales deben cumplir la ley local cuando recogen datos de personas que están en el país.

Qué ha decidido el Tribunal

Según Asuntos Legales, la Sentencia 286 del 5 de noviembre de 2026 negó, en primera instancia, las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que Google LLC presentó en abril de 2022. La compañía buscaba anular las órdenes que la SIC le impartió entre 2020 y 2021.

El argumento de Google era que la normativa colombiana no le resultaba aplicable, por estar constituida en Estados Unidos y almacenar y procesar la información fuera de Colombia. El Tribunal no lo aceptó: concluyó que las empresas extranjeras también deben respetar la legislación colombiana cuando recolectan datos personales de usuarios ubicados en el territorio nacional, con independencia de su domicilio.

Origen de la controversia

El caso arranca en 2019, cuando la SIC abrió una investigación de oficio a raíz de información sobre una actuación de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos relativa al tratamiento de datos de menores en YouTube. En septiembre de 2020, la SIC determinó que Google LLC usaba cookies para recoger datos personales de usuarios en Colombia y le ordenó ajustar sus prácticas a la Ley 1581 de 2012.

La SIC indicó que se trataban datos de cerca de 39 millones de adultos y 1,84 millones de menores colombianos. Además, sostuvo que el 52,63 % de los requisitos evaluados en la política de tratamiento de la compañía no se ajustaba a la regulación nacional. Entre las órdenes, exigió acreditar la autorización previa, expresa e informada de los representantes legales de los menores cuyos datos se hubieran tratado tras la entrada en vigor de la Ley 1581.

Alcance y límites de la decisión

Se trata de una sentencia de primera instancia. Por tanto, no cierra necesariamente el debate y su recorrido posterior dependerá de los recursos que se presenten. Aun así, fija una señal clara sobre el criterio territorial: lo relevante es dónde están las personas cuyos datos se recogen, no dónde se aloja el servidor ni dónde tiene su sede la empresa.

La mirada de CEA Digital Law

Este enfoque conecta con el alcance extraterritorial del Reglamento General de Protección de Datos europeo, que también se apoya en la ubicación de las personas afectadas. Para América Latina y el Caribe, y para los países africanos que están consolidando sus autoridades de datos, el caso ofrece una referencia útil: una ley de datos bien formulada puede proteger a los residentes frente a operadores globales sin necesidad de que estos tengan establecimiento local.

Proponemos tres líneas de trabajo. Primera, que las autoridades documenten con rigor técnico el uso de herramientas como las cookies y su impacto, como hizo la SIC con cifras de personas afectadas. Segunda, que se refuercen los estándares sobre datos de menores, donde el consentimiento de sus representantes es el punto más sensible. Tercera, que las autoridades de la región intensifiquen la cooperación entre sí, para que los criterios de aplicación territorial sean coherentes y den seguridad jurídica tanto a titulares como a empresas.

Quedan cuestiones abiertas: cómo se verificará en la práctica el cumplimiento de las órdenes, qué dirá en su caso la segunda instancia y cómo se articulará esta doctrina con los flujos internacionales de datos. Seguiremos el asunto desde el Comité Euro Americano de Derecho Digital - CEA Digital Law.

Fuentes

CEA Digital Law

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