Portugal prepara un arbitraje para remunerar contenidos periodísticos en la IA

Portugal prepara un arbitraje para remunerar contenidos periodísticos en la IA

En resumen

  • El Gobierno de Portugal prepara un nuevo Código da Comunicação Social, previsto para finales de 2026, y una propuesta legislativa de arbitraje entre medios y plataformas de IA.
  • El modelo de IA estatal Amália servirá de banco de pruebas para la remuneración por acceso a contenidos periodísticos.
  • Se anuncia además un Fundo de Apoyo à Modernização e Digitalização dos Media y una rebaja de cerca del 90% en los precios de Lusa desde enero de 2027.

El Gobierno de Portugal ha anunciado que trabaja en un nuevo Código da Comunicação Social y en una propuesta legislativa para crear un mecanismo de arbitraje que regule el acceso de las plataformas de inteligencia artificial (IA) a los contenidos periodísticos y garantice una remuneración justa a los medios. Lo comunicó el Portal do Governo el 6 de noviembre de 2026, y el asunto importa porque lleva al terreno regulatorio el debate sobre quién se beneficia del uso de noticias para entrenar y alimentar modelos de IA.

Qué se ha anunciado

El anuncio lo hizo el Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, el 4 de noviembre en Lisboa, durante la conferencia «Futuro dos Media». Según el Gobierno, el sector afronta un «desafio existencial», agravado por la IA y por el papel de las grandes plataformas en la distribución de información.

Las medidas principales son estas:

  • Nuevo Código da Comunicação Social: su conclusión está prevista para finales de 2026. Busca modernizar la legislación, reducir restricciones y equilibrar la competencia entre medios y plataformas, e incluye el análisis de las reglas de publicidad, con la publicidad segmentada.
  • Mecanismo de arbitraje: la propuesta legislativa debería presentarse este mismo año. Afectaría también a archivos y bases de datos de los medios. El modelo estatal de IA, Amália, servirá de prueba para el esquema de remuneración.
  • Fundo de Apoio à Modernização e Digitalização dos Media: con financiación esencialmente pública y una gobernanza que proteja la independencia frente al poder político.
  • Servicio público y autorregulación: inversiones en RTP y Lusa, una reducción de en torno al 90% de los precios de Lusa para los medios desde enero de 2027 y hasta dos millones de euros para la autorregulación profesional.

Qué es todavía anuncio

Conviene distinguir los planos: por ahora no hay texto legislativo publicado ni aprobado. Se trata de intenciones y plazos políticos. El Ministro también rechazó crear mecanismos oficiales para definir «la verdad» en la lucha contra la desinformación, apostando por la independencia editorial y el escrutinio público.

La mirada de CEA Digital Law

Desde el Comité Euro Americano de Derecho Digital - CEA Digital Law valoramos que el Gobierno portugués elija una vía de arbitraje y no solo de prohibición: puede reducir la asimetría de poder negociador entre editores y grandes plataformas sin litigios interminables. Dejamos algunas cuestiones abiertas para el debate:

  • Encaje en el Derecho de la Unión: el derecho de los editores de prensa de la Directiva (UE) 2019/790 y las reglas de minería de textos y datos ya ordenan parte de este terreno. Un mecanismo nacional deberá articularse con ellos y con el Reglamento de IA para no fragmentar el mercado interior.
  • Alcance y criterios: falta saber qué plataformas quedarían obligadas, cómo se fijaría el valor «justo», qué independencia tendría el árbitro y cómo se repartiría el dinero entre medios grandes y pequeños, y con los periodistas.
  • Independencia: si la financiación del fondo es esencialmente pública, la gobernanza y los criterios transparentes serán la garantía real del pluralismo.
  • Probar con un modelo público: usar Amália como banco de pruebas es una idea interesante y replicable, siempre que se publiquen resultados y condiciones.

Para América Latina y el Caribe y para África, donde varios países discuten cómo compensar a medios locales frente a las plataformas, la experiencia portuguesa puede ser un caso útil: un arbitraje público, con transparencia y proporcionalidad, que no cierre el acceso a la información ni frene la innovación local.

Fuentes

CEA Digital Law

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