En resumen
- El 30 de octubre de 2026 la Assemblée nationale adoptó, por 11 votos contra 10, la enmienda I-1358 al proyecto de ley de presupuestos para 2027, que grava con 0,055 euros cada gigabyte enviado a abonados franceses.
- Pagarían los proveedores de contenidos, no los usuarios ni los operadores; el Gobierno se opone y el texto aún debe completar su tramitación.
- La medida reabre el debate sobre fair share, neutralidad de red y fiscalidad digital con efectos transfronterizos.
La Assemblée nationale francesa adoptó el 30 de octubre de 2026 una enmienda al proyecto de ley de finanzas para 2027 que crearía una contribución sobre los datos enviados a internautas en Francia. Importa porque grava el volumen de tráfico, no los ingresos, y lo hace en un terreno donde convergen fiscalidad, regulación de redes y neutralidad.
Qué se ha aprobado
Según la prensa francesa, la enmienda I-1358 fija 0,055 euros por gigabyte transmitido a abonados franceses. Fue presentada por el diputado Laurent Lhardit. La carga recaería en la empresa que emite los datos: ni los usuarios ni los proveedores de acceso serían los sujetos directos. Un archivo de 100 GB equivaldría a 5,50 euros.
La contribución tendría un techo: el 15 % de la cifra de negocios de la empresa en Francia o el 2 % de su cifra total. Los datos se recogerían de forma consolidada y anonimizada, con intervención de la Arcep y comunicación a la administración fiscal.
Un voto ajustado y un camino abierto
El resultado fue de 11 votos a favor, 10 en contra y 14 abstenciones, con el Gobierno y el relator general en contra. Sus autores estiman una recaudación de 10.000 millones de euros anuales, cifra que el Gobierno cuestiona; según el mismo medio, la comisión de finanzas había rechazado el dispositivo a comienzos de octubre. Se trata de una enmienda a un proyecto presupuestario aún en tramitación, por lo que no es una norma en vigor ni se aplica todavía.
Cuestiones jurídicas abiertas
Se han señalado dudas prácticas: que los operadores midan los flujos para reconstruir la base imponible, y que, según el Gobierno, buena parte de la carga recaería sobre proveedores de menor tamaño, incluidos franceses. Otra incógnita es si el coste acabaría trasladándose a los suscriptores, pues el texto no prevé mecanismo alguno al respecto.
La mirada de CEA Digital Law
El Comité Euro Americano de Derecho Digital - CEA Digital Law observa esta iniciativa como un nuevo capítulo del debate sobre quién financia las redes. Proponemos tres líneas de análisis.
Primera: un gravamen por volumen es una medida de política de tráfico además de fiscal. Cobrar por gigabyte puede incentivar la compresión o desalentar contenidos pesados, y conviene evaluar su encaje con el Reglamento (UE) 2015/2120 sobre internet abierta y con el principio de no discriminación entre contenidos. Segunda: el diseño técnico (medición en la interconexión, auditoría con registros de red) exige garantías de proporcionalidad, protección de datos y seguridad jurídica en un entorno transfronterizo; la coordinación europea parece preferible a soluciones nacionales dispersas. Tercera: en América Latina y el Caribe y en África, donde la brecha de conectividad pesa más, cualquier mecanismo de contribución al despliegue debería medirse por su efecto en el precio del acceso y en la entrada de operadores y creadores locales.
Sugerimos que la discusión se apoye en evaluaciones de impacto públicas, y que busque fórmulas de cooperación entre plataformas, operadores y reguladores antes que instrumentos que trasladen costes a usuarios.
Fuentes
- Europe 1 – Budget 2027 : les députés votent une taxe au gigaoctet
- Clubic – Une taxe sur chaque gigaoctet téléchargé
- NosParlementaires – Taxe au gigaoctet
- Developpez.com – Taxe de 5,5 centimes par Go
CEA Digital Law
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